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Nombran a nueva directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Nombran a nueva directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Recién elegida como la nueva —y primera mujer en serlo— directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  —nombramiento que se dio a conocer el día de hoy  por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional—, la doctora Mónica González Contró ha hecho sus primeras declaraciones sobre diversos temas cruciales de la coyuntura nacional, partiendo del hecho de que es una labor fundamental del Instituto que ahora preside “la divulgación de la cultura jurídica”. Al reconocer que la impartición de justicia “vive un momento complejo en el país”, la doctora  González Contró enfatizó que precisamente “el Estado de derecho implica la sujeción de todas las autoridades y ciudadanos a la ley”. Destacó la importancia de que “la ley es lo que nos da seguridad para movernos en un determinado marco en donde todas y todos sepamos que hacer y las autoridades estén sometidas a supervisión”. “Por eso —añadió—  es importante fortalecer nuestro Estado Constitucional de derecho que, por supuesto, también implica el respeto a los derechos humanos”.  Ante el tema de la prisión preventiva oficiosa, que precisamente empezó a discutir esta semana la Suprema Corte de Justicia, la jurista manifestó que “la prisión preventiva oficiosa no es la solución para la situación de inseguridad que vivimos en el país”. 

Añadió que “hay algunos debates técnicos precisamente en relación con la posibilidad de que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de las normas que se encuentran en la misma Constitución, y me parece que ese es el punto nodal”. Por lo mismo, dijo que esperará “a ver cuál es la resolución final, a fin de estudiar su argumentación y poder dar una opinión más fundamentada”.  Por lo que hace a la adscripción, mediante un decreto presidencial, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, González Contró expresó que también en este caso “hay que revisar su constitucionalidad, ya que seguramente esto llegará a la Suprema Corte de Justicia y ya tendrá la oportunidad de revisarse”, pero enfatizó que “tenemos que buscar formas de garantizar la seguridad pública que no contravengan la Constitución pero que además no impliquen la militarización del país”.  Finalmente, expuso que todos estos temas son preocupantes y confió en que desde el Instituto que dirige “podamos generar propuestas encaminadas a ir en la ruta de contar con una seguridad pública basada en el imperio de la ley, en el derecho y la no impunidad.”

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